¿CON QUIÉN ESTABA DIPUTACIÓN?
Escribo esto desde la más absoluta indignación y desde
la frustración de quien no entiende cómo una institución pública ha podido
actuar con tal dejadez de sus funciones y ha permitido que la Administración
Concursal de CEGASA haya dejado a 275 familias alavesas en la calle y sin una
mísera indemnización. Puede ser que el número de personas despedida no sea
relevante dentro de sus estadísticas globales, esas que hablan de
recuperaciones milagrosas y de luces al final del túnel, o puede que tenga algo
que ver que el Sr Juan Celaya es uno de esos empresarios modelo de los que en
su obituario todo el mundo recordará que se hizo a si mismo, desde cero, pero
lo cierto es que esas 275 familias se van al paro sin que Diputación halla
mostrado el más mínimo interés por evitarlo.
Habrá
quien, quizás con buena parte de razón, argumente que otras situaciones
similares ya se han vivido con anterioridad y que el resultado ha sido el
mismo, sin embargo, el caso de CEGASA tiene una particularidad, Diputación era
uno de los mayores acreedores y por tanto suya era la responsabilidad de
ejercer de Administrador Concursal, pero haciendo dejación de responsabilidades
propuso que la firma ATTEST se hiciese cargo de sus labores. Empresa que en
apenas un año había contratado con Diputación varios trabajos por un montante
de más de 200.000€ y Diputación le hizo además este regalo, porque en vista de
los resultados el regalo es considerable ya que además cobrará por haber dejado
a estas 275 familias en la calle unas cifras nada desdeñables con cargo al
patrimonio de la masa, o sea, del cierre de la empresa.
De
esta forma, la Diputación de Araba se lavó las manos cual Herodes, miró a otro
lado y permitió que esta empresa gestionase la disolución de CEGASA. A pregunta
de este procurador, el entonces Diputado General alegó que la Diputación no
tenía personal cualificado para una tarea tan compleja, y puede ser cierto,
pero dudo que un banco ceda la Administración Concursal sin hacer un
seguimiento de la misma, sin embargo, eso es lo que ha hecho la Diputación
Foral y el resultado ya es por todos conocido. Pero aún es más sangrante cuando
un informe de la Inspección de Trabajo fechado el 16 de julio tacha todo el
proceso de una concatenación de actuaciones de mala fe por parte de ATTEST. ¿Y
Diputación? Callada y mirando para otro lado.
En el
pleno del 7 de octubre volví a preguntar al Diputado General, en este caso al
flamante nuevo Diputado General y la respuesta volvió a ser que Diputación no
podía hacer nada, sin embargo, resultó curioso que, si bien contra la actuación
de la empresa ATTEST con la plantilla todo eran impedimentos, resulta que
Diputación si ha interpuesto reclamación por parte de la deuda al entender que
la Administración Concursal no ha defendido los intereses de la Diputación como
acreedora. Miren por donde, cuando se trata de defender €uros sí se pueden
hacer cosas, los trabajadores... para esos todo vale, incluso mentirles en su
cara diciendo que no han pedido reunión oficial, y concediéndoles audiencia 18
días después de que el despido haya sido hecho efectivo por un tribunal.
Vergüenza,
rabia e indignación, ¿Sólo? No, sólo no, pero esto es lo máximo que puedo
escribir sin miedo a una visita nada deseada.
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